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Honduras, el infierno de las mujeres

14467434648880HÉCTOR ESTEPA. San Pedro Sula (Yo Dona) En Rivera Hernández muchas esquinas cuentan una historia de muerte. “Tras ese muro tirotearon a un chaval. En ese otro campo de fútbol hubo una masacre”. Son relatos de sus vecinos, habitantes de un macabro museo del horror. Es una de las colonias más peligrosas de San Pedro Sula, la mayor ciudad de Honduras, tristemente conocida como la capital mundial de la violencia. Registra la tasa más alta de homicidios del mundo: “Es muy difícil vivir aquí”, relata Magda Laínez, cooperante que trabaja en un proyecto de prevención de la violencia de Cáritas, “hay días que escuchamos disparos y nos escondemos por miedo a las balas perdidas”.

San Pedro es el máximo exponente de un país donde la violencia se ha convertido en endémica. La tragedia es especialmente vivida por las mujeres de casi cualquier ámbito social. El narcotráfico, la guerra entre bandas juveniles, las tensiones políticas tras el golpe de 2009 y las disputas entre campesinos y terratenientes, mezclados con dosis de corrupción y una justicia insuficiente, han creado un cóctel de terror para sus ocho millones de habitantes.

Se trata del segundo Estado más peligroso del globo fuera de las zonas de guerra (solo superado por El Salvador): registra 103,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Dos bandas rivales se lo reparten, el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha. Nacieron en Estados Unidos en los años 80 y se trasladaron a Centroamérica tras la deportación de una parte de sus líderes. El asesinato, el secuestro, la extorsión o el tráfico de armas son sus señas de identidad.

Las jóvenes de las zonas afectadas son fácilmente captadas por los pandilleros: “Es complicado cuando una mujer llama la atención de un matón. La busca por las buenas o por las malas. Si ella no quiere andar con él porque ya tiene un novio, los matan”, explica Magda. “Hay algunas que se involucran porque les gusta que la gente crea que tienen poder”.

Magda ha recibido amenazas. Le advirtieron de que tenían vigilados todos sus movimientos: “Pones en riesgo a tu familia, porque ya quedas señalada. Hacen un esquema de tus familiares, de cuánto tienes y dónde vas”, señala. Esa exposición es, en ocasiones, pública. Las casas de Rivera Hernández dan a estrechas callejuelas embarradas. En sus muros hay pintados varios símbolos. Algunos identifican quién paga el impuesto de guerra, una extorsión.

Quienes viven allí saben también dónde venden droga, muchas veces con la complacencia de las autoridades. El 80% de la cocaína que va a Norteamérica pasa por Honduras, según el Departamento de Estado de EEUU. Ese tráfico supone alrededor del 13% del PIB del país. Los grandes narcos suelen habitar en el campo, mientras los pequeños traficantes campan a sus anchas por los barrios en busca de ganancias.

“Las mujeres deben evitar que sus hijos se deslumbren por lo fácil, como matar a una persona y conseguir más dinero de lo que se pueda ganar en un mes”, reclama Magda. La falta de recursos es otra de las causas de la gran implantación del crimen organizado. El 63% de los hondureños se encuentra bajo el umbral de la pobreza y hay un 40% de subempleo.

La delincuencia se ceba con los más jóvenes, dice Esmy Lemus, empleada de una funeraria que asegura que la mayoría de los muertos tienen de 15 a 18 años. Fabiola no solo ha vivido la violencia, también la ejerció. Es una treintañera de ojos penetrantes y voz dulce: “He asaltado a personas y he robado en tiendas”, admite. Lo hizo como miembro del Barrio 18. Entró tras haberse ido de casa por problemas con su madre. En la calle conoció al padre se su hija mayor. Era pandillero. “Vi cómo mataban y cómo se golpeaban, entre ellos y a las mujeres”, recuerda, y explica la forma en que se ceban con las jóvenes: “Las chicas son las mulas, las que meten y sacan droga. Cuando ellos quieren te golpean. Aparte de su pistola, somos el arma más fácil que tienen”.

El asesinato de su pareja la alejó de las calles. Ahora regenta una microempresa apoyada por los programas estatales de reinserción. Hace figuras con cordones de lana. Muchos días vuelve a casa sin dinero, cuando antes ganaba pequeñas fortunas con los asaltos: “Era adictivo, algo que te acaba gustando. Parece que todo el mundo gira alrededor de uno”. Apunta a las autoridades como el mayor obstáculo para acabar con la violencia: “Están enfermas. ¿Cuántos policías violan a las mujeres? Yo viví en la calle y sé lo que hacen. ¿Cuántos piden impuestos de guerra? Para empezar a curar afuera tenemos que curar adentro. No es fácil”.

La policía es acusada de corrupción e incluso se han denunciado escuadrones de la muerte. Ha habido varios intentos de purgar el cuerpo: “Si algún agente anda mal tiene que pagar por ello. Ahora sí se está haciendo eso”, desvela Modesta Torres, policía en San Pedro Sula, “hay que confiar en el cuerpo porque no todos somos iguales. Algunos andan en malas cosas pero otros hacemos bien el trabajo”.

La Policía Militar ayuda a la ordinaria a mantener el orden desde 2013. Ambos cuerpos parecen vigilarse. La profesión de Modesta es una de las más duras: “No me da miedo que el delincuente crea que yo soy más débil y venga a por mí. Hay que hacerse respetar”. Muchos hondureños señalan la rampante impunidad del país como una de las causas de la violencia. No tiene nada que ver con la policía, según Modesta: “Los jueces deberían aplicar lo que corresponde al delincuente. A veces salen en 24 horas”.

Esa percepción es refutada por la juez Mayra Aguilera: “Lo que falta es una investigación criminal apropiada y también existe una saturación de casos”, destaca, “la independencia judicial se ve debilitada además cuando tenemos personas poco preparadas en la judicatura”.

Honduras no fue siempre un país peligroso. Los crímenes se han incrementado en la última década. “La causa son razones de tipo social. La pobreza es alarmante. Y además ha aumentado por la percepción ciudadana de la corrupción en altos funcionarios del Estado”, explica Mayra. Ella ha vivido la violencia de cerca. Dos hombres armados entraron en su domicilio el pasado noviembre. Estaba trabajando. Encerraron a sus hijos y apuntaron con una pistola a su empleada doméstica, que tenía a su otro vástago en brazos: “Quieren amedrentarme porque saben lo vulnerable que soy: mujer y juez”.

La impunidad se manifiesta especialmente en crímenes contra mujeres. Más del 90% no se resuelve. La violencia de género ha crecido de forma espectacular en la última década, de 2005 a 2013 el número de asesinatos de mujeres se incrementó un 263,4%. En 2014 fueron asesinadas 531, la mayoría entre 15 y 24 años. El dato es mejor que el año anterior, cuando se produjeron 636 muertes, pero queda mucho por hacer.

“La violencia de género es muy común, el hombre grita y nos pega”, indica Blanca Lidia Aguilar. Su marido era un maltratador, las palizas eran habituales y la violó en repetidas ocasiones. Incluso llegó a dispararle con un fusil de asalto. “Él es el hombre y tú su esposa, y tienes que hacer lo que diga porque se casó para que fueses su sirvienta”, critica. Se libró de su marido cuando él asesino a un hombre. No fue encarcelado, pero se marchó con otra mujer. “Esta no se dejó”, apunta Blanca, “a la primera que le hizo lo mandó matar con sicario”.

El 27% de las hondureñas afirma haber sufrido violencia física: “Cada año que pasa el nivel de crueldad es mayor, hay más mujeres mutiladas o torturadas”, se lamenta María Luisa Regalado, coordinadora de la ONG feminista Codemuh. El Estado ha aprobado varias leyes para paliar la violencia de género y las violaciones, otro de los grandes problemas. No parecen ser suficientes: “Las mujeres pueden ser violadas por los mismos compañeros, los novios, los vecinos, incluso sus padres o hermanos, pero la mayoría de las veces no lo denuncian por miedo”, señala la activista. “En muchas ocasiones estás amenazada. ‘Si lo dices te mato, o a tu madre o a tu padre’, te dicen”, añade.

Las feministas denuncian un retraso social generalizado: “En el Congreso hubo una moción para prohibir a las diputadas que fueran con pantalones pitillo, minifaldas o escotes”, recuerda María. También reclama el derecho al aborto, “no está permitido”, explica, “ni para casos de violación a menores”.

La discriminación laboral de la mujer es severa. Yanina Romero es periodista y ha denunciado las condiciones de trabajo de las maquilas locales. Los reporteros de investigación hondureños son definidos como “periodistas especiales”. Ella es parte de ese grupo. Ha recibido amenazas por parte de un anónimo autodenominado como ‘antifeminista’ y ha tomado medidas de seguridad. “Existe una criminalización de la libertad de expresión y de los defensores de los Derechos Humanos. No solo por parte del Estado, sino también de la empresa privada”, dice. Hasta 51 periodistas han sido asesinados en el país desde 2003. Los homicidios se incrementaron tras el golpe de 2009. Se trata de una profesión de alto riesgo y el resultado de ello es la autocensura.

“La violencia se genera por los altos niveles de corrupción que ha habido en los últimos 30 años. Honduras no es una democracia”, denuncia Romero. La inseguridad resulta tal que afecta a la forma de vida de la mayoría de los ciudadanos: “Los jóvenes ya no tienen derecho a divertirse. Les dicen que no pueden ir a la discoteca porque es peligroso. Hemos perdido la sensibilidad. Aquí te matan para robarte una grabadora”.

Yanina ha pensado en irse del país, pero se resiste: “Todos queremos salir de Honduras y regresar a una nación con justicia verdadera. Yo quiero que cambie, no huir”. Miles de hondureños se ven obligados a emigrar. Las carreteras y trenes que llevan al norte son su vía de escape hacia un futuro complicado, pero también hacia la esperanza.

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