HÉCTOR ESTEPA. Ierissos (Elmundo.es) Varios guardias de seguridad protegen una alambrada en medio de una playa del norte de Grecia. Detienen a cualquier vehículo, reclamando una identificación. Su cometido es vigilar la entrada a la mina de Stratoni, en la región de Calcídica. Allí se encuentra una de las sedes de la empresa Hellas Gold, la nueva gigante minera helena. Dentro espera Kostas Yeorgantzis, el portavoz de la compañía: «Pasen, no tenemos nada que esconder», asevera.
Tanta seguridad tiene un objetivo: evitar la entrada de activistas ambientalistas. El lugar fue quemado el pasado 18 de febrero por unos 50 encapuchados posicionados contra las excavaciones. La empresa, una filial de la transnacional minera canadiense Eldorado, posee licencias mineras en un área de 317 kilómetros cuadrados de Calcídica. Allí opera tres instalaciones: la de Stratoni, en funcionamiento desde hace décadas, y las nuevas excavaciones de Olimpias y Skouries.
En ellas hay grandes yacimientos de plomo, zinc, plata y, sobre todo, el elemento más preciado: oro, metal cuyo valor se ha cuadruplicado en los últimos 10 años. Se estima una cantidad cercana las 400.000 onzas de ese metal en el subsuelo heleno, suficiente para convertir al país en el mayor productor de oro de Europa en dos años. Según el gobierno, el valor total de los minerales en los yacimientos sumados a las reservas del norte de Tracia podría superar los 20.000 millones de euros.
Sin embargo, un numeroso grupo de defensores del medio ambiente han pedido la paralización de las excavaciones y han desatado un conflicto en la zona. Dos puntos de vista antagónicos se enfrentan en la región: unos ven las excavaciones como la oportunidad de crear empleo en una zona deprimida y otros advierten del daño para el medio ambiente, el turismo de la zona y la salud de sus habitantes.
Barricadas en la costa
Ierissos, una pequeña localidad costera, es la base del grupo de activistas ‘SOS Calcídica’, protagonista de varias manifestaciones contra las minas con disturbios incluidos. El pueblo ha sido tomado por la policía helena en los últimos meses. Sus habitantes denuncian arrestos sumarios, tomas ilegales de muestras de ADN incluso a menores y brutalidad policial. Hace unas semanas una manifestación terminó en una escuela y la policía lanzó gases lacrimógenos que afectaron a los pequeños.
La detención de dos personas para llevarlas a juicio el pasado día 10 de abril, irrumpiendo las autoridades en sus casas y rompiendo las puertas de entrada, desembocó en una protesta general. Los habitantes del pueblo incluso prepararon barricadas para bloquear el lugar. Algunas todavía siguen erigidas. También sacaron los muebles de la comisaría local a las calles y los quemaron. Las protestas se repitieron el pasado 13 de mayo, resultando detenidas tres mujeres que participaban en una concentración.
Un hombre sin identificar habría disparado a la policía con un rifle de caza aquel día: «Ahora mismo la situación es tranquila y el pueblo está abierto. La mayoría cree que algo grave puede pasar en los próximos días», explica la activista Mary Christianou refiriéndose a una acción policial. Tanto ella como la mayoría de sus amigos están contra las excavaciones:«¿Qué turista va a venir a una zona donde el agua va a estar contaminada?» se pregunta Yeoryios Kokinos, otro de los ambientalistas, explicando su posición.
Sus críticas se centran sobre todo contra el proyecto en Skouries: un tercio de la mina podría excavarse a cielo abierto. Según los ambientalistas, en esa zona podría haber arsénico. Es un elemento nocivo para el ser humano. Podría filtrarse a los acuíferos subterráneos y afectar al agua potable de los pueblos. También al aire: «La técnica de ‘flash melting’ que van a utilizar para excavar no es válida para tierra con arsénico», insisten los ambientalistas. Temen, además, una posible utilización de cianuro, ya empleado en otras minas alrededor del mundo:«Va a provocar la ruina de los agricultores«, advierte Thanassis Krommidas, un veterano activista. Lamentan asimismo la destrucción de cientos de hectáreas de un bosque de más de 300 años.
Yeorgantzis, sin embargo, lo ve todo de distinto color: «Sabemos perfectamente lo que hay en el subsuelo de Skouries: oro y cobre», señala el portavoz de Hellas Gold. «Hemos pedido a científicos de la Universidad de Salónica unos estudios para evaluar los riesgos y no nos han respondido, porque saben que no hay nada más. No se podría contaminar el agua, porque no hay arsénico», subraya. Niega también un posible uso de cianuro y recuerda los ocho años transcurridoshasta la aprobación de todas las licencias medioambientales.
Según él, la excavación tendrá lugar en el 0,37% del total de la municipalidad y al terminar la concesión los árboles volverán a replantarse. Destaca la creación de unos 1.500 puestos de trabajo directos y hasta 4.000 indirectos. Además, el Estado ganaría en impuestos un 26% de los beneficios de la empresa, de 500 a 800 millones de euros anuales en el futuro. Sin embargo, la minera ya ha dado señales de estar dispuesta a marcharse si no se arregla la situación: el conflicto se está alargando en demasía.
«El daño ambiental es cercano a cero. Soy padre y la salud de mi familia es más importante que el trabajo» abunda Yiannis Ekonomou, minero y habitante de la zona, dejando constancia de la división de opiniones en Calcídica. Durante las últimas semanas se han producido manifestaciones paralelas de trabajadores de las excavaciones y ambientalistas. Una acabó en disturbios. No todas las quejas de los activistas son ambientales: también las hay económicas. Critican la «extraña» adjudicación de los derechos de explotación de la empresa: en diciembre de 2003 el gobierno vendió las licencias por tan sólo 11 millones de euros a Hellas Gold, creada tres días antes, y renunció al canon de concesión.
Unas semanas después el 95% de la compañía era comprada por una compañía canadiense y en 2012 Eldorado adquirió esas acciones. El restante 5% pertenece al grupo Aktor, controlado por los Bobolas, una prominente familia señalada por haberse beneficiado del desastre de los Juegos Olímpicos de 2004. La Comisión Europea acusó a Grecia decompetencia desleal y conminó a la empresa a pagar 15 millones de euros al país en compensación por las licencias. El Consejo de Estado, máximo organismo jurídico heleno, ha dado el visto bueno a la continuación de las excavaciones. Los habitantes de Ierissos, sin embargo, no parecen estar dispuestos a dar su brazo a torcer.
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