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Urnas bajo sospecha de fraude

HÉCTOR ESTEPA. Managua (El Mundo) Decenas de personas discutían en la tarde del jueves los pasos a seguir en la ocupación del Consejo Electoral Municipal de El Sauce, al norte de Managua, cuando los antidisturbios, según ellos orientados a favor del presidente Daniel Ortega, irrumpieron en el edificio y lo desalojaron por la fuerza, resultando varios heridos y 12 detenidos. Esa calurosa mañana habían decidido tomar el edificio demandando sus cédulas de identidad, un documento entregado por el poder electoral y necesario para votar en las elecciones del próximo domingo.

La oposición lleva meses denunciando que la entrega de esa acreditación ha beneficiado a los seguidores sandinistas. Miles de votantes contrarios al oficialismo la reclaman todavía en levantamientos espontáneos ante las delegaciones de cedulación de todo el país. Las irregularidades tendrían su origen en el control oficialista del Consejo Supremo Electoral (CSE), institución que organiza los comicios y emite el documento. Actualmente la integran magistrados sandinistas con periodo vencido gracias a un decreto presidencial que alargó su periodo, además de tres jueces liberales conversos al oficialismo, según sus críticos. Ortega ha convertido su sede en Managua en un bunker protegido por decenas de policías.

Asimismo, según datos que manejan las organizaciones ‘Hademos’ y ‘Ética y Transparencia’, se habría cedulado a menores de 16 años –edad mínima para votar en Nicaragua- para fortalecer el voto a Ortega, el preferido entre los jóvenes. No hay que olvidar que el 70% del electorado es menor de 30 años.

La influencia sandinista en este segmento es más elevada debido, según críticas de la prensa independiente, a la instrumentalización escolar y universitaria. La Federación de Estudiantes de Secundaria (FES), brazo estudiantil del sandinismo, sería el poder de facto en gran parte de los institutos. Lo cierto es que en las calles de Nicaragua es frecuente ver a colegiales haciendo proselitismo político en horario lectivo. Esa tarea la comparten con los funcionarios del Estado, supuestamente coaccionados con la pérdida de su puesto de trabajo, denuncia Antonio Jarquín, sindicalista independiente. “Hasta 19000 empleados públicos han perdido su empleo en los últimos cinco años”, asegura.

Esta sería sólo la punta del iceberg de un proceso electoral que la oposición considera viciado desde su inicio. Califican a Ortega como un candidato “ilegal e ilegítimo” por la inconstitucionalidad de su reelección, oponiéndose al fallo de la Corte Suprema de Justicia que permitió su participación en los comicios.

Denuncian que el FSLN tiene preparado un mecanismo fraudulento para darle la vuelta a las elecciones en caso de un resultado contrario, como habría sucedido en las municipales de 2008.

Otras irregularidades afectan directamente al Partido Liberal Independiente (PLI) de Fabio Gadea, máximo rival de Ortega por la presidencia: ha denunciado una persecución en su contra orquestada por los sandinistas y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) del ex presidente y también candidato Arnoldo Alemán. Les acusa de aliarse para conseguir la inhibición de varios candidatos a diputado por su partido, señalándolos por transfuguismo político.

No sólo sus candidatos a la Asamblea están en riesgo: El CSE todavía tiene pendiente decidir sobre una denuncia interpuesta por una facción del partido de Gadea que ha pedido la inhibición de su candidatura por una supuesta “usurpación” de la agrupación. La histórica comandante guerrillera, Dora María Téllez, ha avisado que una inhibición en bloque del PLI, con el que corre para diputada, sería motivo de “guerra civil”.

Otro punto de fricción es la observación de los comicios. El CSE admitió un “acompañamiento electoral”, limitando las funciones de los enviados internacionales. Su presidente, Roberto Rivas, señalado de corrupción, dijo en junio que “quien haga una opinión en contra del proceso será devuelto a su país en el primer avión”.

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