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Los retos de la libertad de prensa en América Latina

HÉCTOR ESTEPA. Managua (Elmundo.es). La función crítica e investigativa del periodista es básica para alimentar las denuncias de los Comités de Derechos Humanos de los países latinoamericanos. Esta es una de las conclusiones del taller ‘El periodista como una herramienta de la sociedad y para la sociedad’ en el que han participado reconocidos profesionales del periodismo nicaragüense.

La actividad, organizada por el Centro Cultural de España en Managua, ha contado con las ponencias del salvadoreño Ricardo Vaquerano, jefe de redacción de Elfaro.net y el mexicano Darío Ramírez, director de la oficina en Centroamérica de Article XIX.

Ambos coincidieron en la relevancia del periodista como vigilante de las instituciones. Junto a la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, son esenciales para destapar casos de corrupción. Esta situación es más importante, si cabe, en América Latina, donde se sufre una gran falta de transparencia en el acceso y divulgación de la información pública.

Se debatió, asimismo, el papel de los medios en el engranaje de acción de Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, se llegó a la conclusión de que el periodismo latinoamericano debe advertir a las autoridades del necesario cumplimiento de las recomendaciones de este órgano, esos fallos tan poco respetados en la región.

Libertad de expresión

Aunque la libertad de expresión es reconocida por los textos constitucionales en América Latina, la realidad es que ha sido poco respetada por diferentes países en las últimas décadas. Sólo en Honduras, 12 periodistas han perdido la vida desde enero de 2010.

Los límites a la misma están expresados incluso en textos legales. Las leyes de desacato, ya casi extintas, supusieron durante décadas la inmunidad mediática de los funcionarios de la región. Sin embargo, algunos países se resisten a actualizar sus reglamentos. Tal es el caso de Bolivia, donde hace tan solo un mes el periodista Mario Caro fue acusado de desacato tras destapar casos de corrupción en las autoridades de Potosí.

Otras disposiciones legales, aunque más discretas, también coartan la libertad de expresión de los periodistas latinoamericanos. Tal es el caso de la colegialización obligatoria de los periodistas en varios países. Mario Vaquerano la considera una violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ya que limita el derecho de toda persona a buscar y difundir informaciones e ideas por cualquier medio de su elección, reconocido en el artículo 13.2 del texto.

El caso de las denuncias por calumnias es también preocupante, sobre todo en el ámbito centroamericano. En países como El Salvador, Honduras y Guatemala es un delito penal: puede ser motivo de cárcel. Tampoco son clarificadoras las leyes de acceso a la información en los países del istmo. Aunque existen disposiciones para garantizarla en todos menos en El Salvador, la realidad es que no se está cumpliendo, especialmente en el caso de Nicaragua donde se da un gran oscurantismo por parte del Gobierno de Daniel Ortega.

Una institución no tiene derechos

Ni el Estado, ni la religión, ni ninguna otra institución gozan de derechos propios en el ordenamiento jurídico de la Convención y no pueden iniciar acciones legales contra ningún periodista. Ni siquiera en caso de difamación, aunque varias constituciones de la región recojan normas sobre, por ejemplo, el respeto a los símbolos nacionales.

Sin embargo, la libertad de expresión no es absoluta en casos de colisión de derechos. Las leyes panamericanas ponen los límites legales en el discurso del odio, en incitar a una acción violenta. Sin embargo, la mayoría de países tienen una jurisprudencia distante. En México se prohíben narcocorridos por incitación al delito mientras que Estados Unidos permitió una protesta homófoba en el funeral de dos militares homosexuales al no hallar incitación a la persecución.

Los periodistas discutieron, por otro lado, cómo contrastar una información en países en los que se dificulta la labor del profesional. Se repasaron temas como la idoneidad de las fuentes o diversas técnicas de entrevista para aquél que no quiera dar información. Siempre teniendo en cuenta que el derecho a preguntar, a informar y a la libre expresión está recogido en las constituciones del continente.

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