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Costa Rica y Honduras, fuera del litigio entre Nicaragua y Colombia en La Haya

HÉCTOR ESTEPA. Managua (Elmundo.es). La Corte Internacional de Justicia de La Haya ha decidido rechazar las solicitudes de Costa Rica y Honduras para mediar en el conflicto territorial caribeño entre Nicaragua y Colombia. Los magistrados han recordado que el artículo 59 de los estatutos de la institución establece que sus decisiones no pueden afectar a terceros países.

San José y Tegucigalpa temen que una modificación territorial en el Caribe pueda afectar sus fronteras. Los magistrados de la Corte han tratado de tranquilizar a ambos países en este sentido: su presidente,Hisasha Owada, ha rechazado que exista riesgo para los intereses de ambos países en el fallo sobre el conflicto entre Managua y Bogotá.

En el caso Hondureño, los magistrados han recordado que en 2007 emitieron la sentencia que definió su frontera marítima con Nicaragua.Consideran el caso resuelto e inmodificable. Honduras había pedido intervenir basándose en el tratado bilateral Ramírez-López suscrito con Colombia en 1986, pero la Corte ha argumentado que perdió su validez tras la sentencia de 2007.

Las reacciones no se han hecho esperar una vez finalizada la sesión. El portavoz de la delegación costarricense, Edgar Ugalde, embajador ‘tico’ en Colombia, cree que “lo importante es que los jueces van a tener en cuenta nuestras reivindicaciones”, ha declarado. La delegación nicaragüense ha criticado que las peticiones de los dos países ajenos al conflicto han provocado el retraso del caso de fondo.

Costa Rica y Honduras habían pedido mediar en el conflicto territorial entre Nicaragua y Colombia, llevado a La Haya en 2001. Managua reclama la soberanía de los archipiélagos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en posesión de Colombia con arreglo a un tratado de 1928.

La Haya respondió en 2007 a las objeciones preliminares de Colombia declarando la soberanía de Bogotá sobre los territorios en disputa y declarándose competente para emitir una sentencia definitiva sobre el caso. El fallo, esperado para 2012, pondría fin a décadas de acusaciones cruzadas.

Un conflicto bicentenario

El conflicto territorial entre Nicaragua y Colombia cuenta más de doscientos años. Comenzó en 1803, cuando una Real Orden del ya amenazado Imperio Español otorgó a la región del sur (Virreinato de Santa Fé en aquellos años) la autoridad sobre el Archipiélago de San Andrés. Apoyó su mandato en la deficiente administración de la Capitanía de Guatemala. El que fuera ente regulador de Centroamérica consiguió, tres años más tarde, la derogación de la orden de la Corona.

La situación en la costa Caribe centroamericana era complicada en aquella época: La mayor parte del territorio de Mosquitos, como aún se conoce la zona, se encontraba bajo dominio inglés. La emancipación de América Latina pocos años más tarde no supuso ningún cambio: Los corsarios británicos no abandonaron la plaza. Fue en 1824 cuando Colombia reabrió el litigio, amparándose en el Real Decreto de 1803. Sin embargo, Londres siempre desestimó sus peticiones.

Esto no desanimó a Bogotá: Ya había ocupado los archipiélagos de San Andrés y Providencia cuando, en 1881, la Corona Británica confirmó la autoridad nicaragüense sobre la Costa de Mosquitos.

El conflicto se complicó con la segregación de Centroamérica en cinco países, entrando en liza otro actor, Costa Rica, en frontera directa con Colombia. En 1900, un laudo del presidente de Franc ia, Emile Loubert, daba la razón a San José en un contubernio que mantenía con Bogotá y negó validez al decreto de 1803. Otro tratado, el Altamirano-Harrison, reconoció la autoridad de Nicaragua en Mosquitia.

Colombia reaccionó con celeridad y pidió a Loubert que declarase los archipiélagos como territorio independiente de la costa: El francés accedió y reconoció la soberanía de Colombia sobre las islas.

Estados Unidos entra en escena

Por si fuera poco, Estados Unidos entró se incorporó como actor en 1869. Amparándose en la Ley del Guano, que permitía a cualquier gobierno ocupar las pequeñas ínsulas caribeñas que no tuvieran otra jurisdicción, invadió los cayos Serrana, Quitasueño y Roncador.

La Diplomacia del Dólar consiguió, además, segregar a Panamá de Colombia. A partir de 1909 se cuentan dos países y 3.000 millas de distancia entre Managua y Bogotá, argumento muy utilizado por la defensa nicaragüense.

Años más tarde, en 1928, se firmó el documento en el que se basa la delegación colombiana para reclamar su soberanía sobre los territorios en disputa: el tratado Bárcenas-Meneses de 1928. Nicaragua reconocía la soberanía de Bogotá sobre los archipiélagos en disputa, así como la de Washington sobre los cayos.

Sin embargo, Managua ha criticado que el acuerdo se firmó en una época de grandes turbulencias: El país se encontraba ocupado por Estados Unidos, que libraba una guerra contra el ejército del liberal Moncada, en un principio, y contra el de Augusto César Sandino, más tarde.

Nicaragua considera que el Bárcenas-Meneses fue firmado bajo coacción de Estados Unidos, país que necesitaba mejorar sus deterioradas relaciones con Colombia con vistas a alcanzar grandes acuerdos comerciales.

La situación no mejoró tras la Revolución Nicaragüense: El primer gobierno de reconstrucción había redactado un libro blanco incluyendo las aspiraciones de Nicaragua sobre los territorios en el Caribe. Por contra, el gobierno de Reagan, profundamente anti sandinista, ratificó, en 1971 y a petición de Bogotá, el tratado Saccio-Vázquez-Carrizosa que Somoza había conseguido bloquear.

Los cayos en posesión de EEUU pasaron a formar parte de Colombia. Las batallas legales continuaron hasta el año 2001, cuando Nicaragua puso definitivamente el caso sobre la mesa de la CIJ.

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